En nuestro blog del pasado 4 de Marzo, que reproducimos al final de este escrito, dábamos la bienvenida a una sentencia, esta vez  del Tribunal Constitucional (la última de una larga serie), que establece la obligatoriedad de destinar los fondos que se recaudan por la vía de las cuotas a la Seguridad Social por el concepto de formación profesional, a la formación de trabajadores en activo y gestionadas por sus representantes, los agentes sociales.

El título del artículo “POR FIN, EL CONSTITUCIONAL NOS DEVUELVE LA VOZ”, y su contenido, reclaman el derecho de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones, para aplicar los fondos generados con destino a la formación profesional de trabajadores en activo y que no pueden dedicarse a otros fines distintos de los que causan la recaudación.

La Tesorería General de la Seguridad Social, recauda por este concepto 1.860 millones de euros a través de la citada cuota de formación profesional, el 0,7% de la base de cotización, que tienen como objetivo la financiación del subsistema de Formación continua por lo que, por su carácter finalista, no pueden dedicarse a las llamadas políticas activas de empleo, formación de desempleados y, mucho menos, al pago de prestaciones por desempleo, como está ocurriendo.

Nos reafirmamos en el contenido de nuestro blog del 4 de Marzo pasado y nos sumamos a las distintas organizaciones de la CEOE que, hartas de ser orilladas, se han plantado ante el Presidente Juan Rosell y enviado una carta emplazándole a negociar con el Gobierno de manera urgente una reforma del Sistema de Formación Continua que concluya en un pacto que respete y acate las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.

Y es que, según distintas fuentes, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2012, ya se produjo una importante reducción, superior al 30% de las cantidades recaudadas para esta finalidad, y en el año 2013, de los 1.860 millones de euros recaudados, se han destinado el 57% del total, es decir 1.059 millones, para desempleados, cantidades que gestionan las Comunidades Autónomas.

Entendemos las dificultades del Ejecutivo para cuadrar sus cuentas en momentos tan difíciles, pero no podemos permitir sin protestar, que se detraigan cantidades tan importantes de unos fines tan claramente definidos y tan reiteradamente incumplidos pese a las continuas sentencias de los tribunales, que los políticos ignoran con un manifiesto desprecio hacia las organizaciones de los empresarios.

 

Y para colmo, una buena parte de dichas cantidades se destinan a engrosar las cuentas y los cometidos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, suplantando las funciones y los derechos de empresarios y trabajadores, financiadores de las mismas y destinatarios últimos de las políticas de formación continua para la mejora de sus actividades.

Es la historia de siempre. Los políticos acumulan poder y medios y las organizaciones nos limitamos a protestar tímidamente, ayunos de la fuerza y la independencia perdidos hace tiempo y que, al paso que vamos, no recuperaremos nunca más.

Las últimas noticias sobre algunos escándalos en el manejo de los fondos de formación por parte de algunos sindicatos y organizaciones empresariales que, de confirmarse, rechazamos y exigimos su esclarecimiento, no impiden que las organizaciones libres y legítimas de los empresarios reclamemos nuestros derechos y nos comprometamos a cumplir nuestras obligaciones, de manera especial en este supuesto, tan importante para todos, máxime cuando las financiamos plenamente.

-  Blog de Marzo -

En este comienzo del año 2013, en que los políticos intentan vanamente convencernos de que se inicia el final de la crisis, sabiendo que estamos en lo más álgido de la misma, se ha producido un acontecimiento que merece la pena ser analizado y comentado debidamente.

Y es que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 22 de Enero de 2013, establece que los fondos de formación continua han de ser controlados por las empresas y los trabajadores que los sufragan, es decir, por sus representantes de la patronal y los sindicatos.

La sentencia, inequívoca en su formulación, no hace más que reconocer un derecho de las organizaciones de empresarios y trabajadores recogido en nuestra Constitución que, desde su Título Preliminar, nos hace responsables de la gestión de “ los intereses que nos son propios”.

Sin embargo, el mundo de la política viene ocupando todos los espacios de la sociedad hasta un extremo asfixiante que produce el rechazo de los ciudadanos, recogido con amplitud en las encuestas. Políticos de toda condición se permiten poner en cuestión la labor de patronales y sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanas múltiples. La cuestión es controlar la sociedad para que nada ni nadie discuta su hegemonía y su dominio.

Consciente de ello, el actual gobierno empieza a poner coto a la presión de Ayuntamientos, Comunidades y partidos políticos. Trata de limitar su poder y la abusiva distribución de cargos, bienes y dineros entre amigos, colaboradores o correligionarios, hasta tal punto que la sociedad civil, que debiera inspirar la acción política, abomina de ella y rechaza su predominio.

Y, mientras tanto, hasta que la sociedad despierte y exija su papel, esencial para una democracia sana, es bueno que a la incipiente y lenta labor del Gobierno, los jueces del Tribunal Constitucional se hayan sumado, dando una lección a algunos políticos que, en su prepotencia, decidieron que también podían disponer de los fondos que empresas y empleados están obligados a aportar para la formación de los trabajadores ocupados.

Lo curioso del caso es que la sentencia ha sido consecuencia de un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, reclamando para sí el control de estos fondos e, incluso, la capacidad para legislar sobre ellos. CEOE y los Sindicatos, derrotados, parecían haber aceptado que el Estado, a través de la decisión de Fátima Báñez, dedicara la mitad de los mismos a las llamadas políticas activas de empleo, brindando a Comunidades autónomas y Ayuntamientos su gestión para la atención a los desempleados, en lo que creemos un claro abuso de poder y un regalo envenenado.

Pero el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro y “ el Gobierno ha encajado un varapalo después de haber ninguneado a la CEOE y atacado a los sindicatos” según una fuente sindical. Ahora Ayuntamientos y Comunidades autónomas deberán devolver esos fondos para que sean gestionados por quienes únicamente pueden hacerlo, patronales y sindicatos.

Y este es el momento para demostrar que ambos están en condiciones de llevarlo a cabo con eficacia y transparencia, por muy desprestigiados que estén, porque no podemos ignorar que, con frecuencia, los fondos de formación se utilizan para fines distintos y que demasiadas personas, supuestos líderes empresariales o sindicales, se lucran con ellos y viven de su utilización oscura o interesada.

Desenmascaremos de una vez a falsas patronales que, apoyadas por políticos de todo signo, sobreviven arteramente en una jungla que mezcla los intereses de formación de nuestros trabajadores, con los de una importante cantidad de arribistas y supuestos líderes empresariales que acumulan cargos de representación para seguir avanzando en el descrédito y la politización de nuestras necesarias organizaciones.

En esa tarea, podemos asegurar que FEDESMA estará en la primera línea.

Madrid ante el espejo

No hace demasiados meses que el Presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio nos invitó a una comida en la sede de la institución, en la que se trataba de presentarnos a la Alcaldesa, Dª Ana Botella y su equipo de entonces. Los asistentes fuimos los componentes de la llamada Mesa de CEIM, es decir sus Vicepresidentes y el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Algo más de veinte personas, eso que el Presidente de CEIM y la Cámara llama su equipo o, más equívocamente, los “empresarios de Madrid”.

El objeto no era otro que el de conversar con la Alcaldesa y que ella misma en persona nos aclarara las cuestiones o dudas, de cualquier índole, que los asistentes expusieran en la sobremesa. No habían ocurrido muchos de los episodios que se han producido posteriormente. Ni la tragedia del Madrid Arena, que ha descabalgado de la Alcaldía a los colaboradores que acompañaban a la Alcaldesa, ni la desafortunada gestión de las empresas de recogida de basuras, ni algunos otros episodios que han dado en un claro descenso de la popularidad de la propia Alcaldesa.

La mayor parte del coloquio se centró en las expectativas de la ciudad de Madrid ante la reunión decisiva del Comité Olímpico Internacional que debería decidir sobre la candidatura de la ciudad de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020 y que concitaba la ilusión de muchos de los convocados al almuerzo.

Llegado mi turno, pese al ambiente de exultante confianza en el proyecto, expuse a la regidora madrileña si no sería lo más adecuado retirar la candidatura a tiempo, basándome en las decisiones de los gobiernos italiano y francés que habían decidido retirar las de Roma y París, fundamentalmente por los problemas económicos que acosaban a dichas ciudades y sus Estados, cuestión que tenía muchas semejanzas con la ciudad y la economía actuales de Madrid.

Ni que decir tiene que no hubo posible debate. La práctica totalidad de los asistentes, algunos incluso alarmados por una pregunta tan fuera de lugar, concluyeron que el éxito de la candidatura estaba alejada de toda duda y que el efecto beneficioso de los Juegos Olímpicos, relanzaría la región de Madrid y, con ello, su maltrecha economía. Nada de qué hablar, nada que discutir. El éxito premeditado de la misión estaba asegurado.

La anécdota, absolutamente cierta, explica muchas de las cosas que nos pasan en Madrid. Por una parte, la representación institucional de “los empresarios de Madrid” en su actual ensoñación, que dice abarcar la totalidad de un mundo que se aparta de nosotros y por otra la representación política que no atiende a razones y hace caer sobre la sociedad el peso de sus equivocaciones y sus consecuencias, sin más debate.

Una tras otra, situaciones y fracasos similares se suceden sin que parezca importarle a nadie que pertenezca al mundo de la política o de las patronales que todas ellas traen importantes repercusiones en forma de costes, excesos presupuestarios, incrementos fiscales, ineficacias múltiples y otros muchos desastres propiciados por la falta de análisis y por exceso de confianza o de sometimiento a los dictados de los políticos. Y todo ello recae sobre la entera sociedad, también sobre los empresarios, que somos los que debiéramos generar la riqueza que tan alegremente se distribuye.

En consecuencia, el gran proyecto de las Olimpiadas de Madrid, ha desaparecido sin más, como así ha ocurrido también con  las Cajas de Ahorro, diluidas y sin responsables conocidos, pese a nuestra participación activa en ellas o el escándalo de los EREs y los fondos para la formación, gestionados por los sindicatos en Andalucía o los costes internos de nuestra organización central, la “mas representativa” de acuerdo con la Ley 7/95, que debieran ser transparentes y públicos y no lo son.

 O, en otro orden de cosas, la nueva Ley de Cámaras que pende amenazadora sobre nosotros, sobre nuestras organizaciones, por decisiones de algún órgano de la Administración que, como a  lo largo de nuestra historia, parece pretender asumir las funciones constitucionales de las organizaciones libres de los empresarios por la vía de una Ley uniformadora que acabará con todas ellas, si nosotros no lo remediamos.

Y todo sin explicaciones, sin debate, sin transparencia. Porque lo impone quién puede y los demás parecemos aceptarlo en silencio,  con una cierta mansedumbre lanar y la mayor resignación.

Algunos nos preguntamos: ¿ Seguirá siendo lo mismo después de las elecciones de CEIM, que deberá elegir nuevos rectores en su próxima Asamblea General ?.

De ser así, de continuar los mismos que han callado tanto, lo normal es que escojamos otros caminos, para no seguir errando.

 Enrique Martínez Piqueras

 Presidente de FEDESMA

LEY DE TRANSPARENCIA: Patronales transparencia total

Estos días se está tratando en la Comisión Constitucional del Congreso sobre la nueva Ley de Transparencia que afectará también a la patronal y a los sindicatos. Con este motivo, han sido citados para exponer su posición, los representantes de dichas instituciones, que nos han dejado unas declaraciones de lo más sabroso.

Las declaraciones del representante empresarial, Juan Pablo Lázaro, han llenado a muchos empresarios de inquietud y desconcierto. De inquietud, porque viniendo de un empresario aún joven, aunque con experiencia en la labor más oscura del mundo asociativo, ha abordado la cuestión con argumentos que parecen venidos de otra época. De épocas a las que los empresarios no debiéramos regresar, ni tampoco unas organizaciones libres que aspiren a la modernidad.

Y de desconcierto porque a estas alturas de nuestra democracia, inmersos en la mayor crisis económica que se recuerda, cuando el país entero y la gran mayoría de nuestros ciudadanos reclama transparencia, hasta la Casa Real pide que se la incluya en la nueva Ley y los barómetros sociológicos nos aperciben del escaso valor que los empresarios conceden a nuestras organizaciones, el discurso de nuestro teórico representante se centra en rechazar el control de unas cuentas que él sabe bien que, en un altísimo porcentaje, se surten de fondos públicos porque nuestras asociaciones, desprestigiadas, vacías de empresarios comprometidos, en la mayoría de los casos no generan ni el 10% de sus ingresos totales a través de las cuotas voluntarias de sus miembros.

No se entiende que se intente eludir la posibilidad de que se conozcan y hagan públicas, si fuera necesario o conveniente, las retribuciones de nuestros dirigentes ni la composición y cumplimiento de los presupuestos de pequeñas o grandes organizaciones, ni se entiende que su argumentación se base en el supuesto perjuicio que, según él, se causaría a la mayoría de las 4500 entidades que componen la CEOE, casi todas de pequeña dimensión, lo cual “obstaculizaría su funcionamiento”, cuando sabe muy bien el ponente que la Ley afectará especialmente a las grandes ya que a las pequeñas organizaciones no les preocupa en absoluto la TRANSPARENCIA TOTAL.

Estamos seguros de que el discurso forzado de Juan Pablo Lázaro, impuesto por la propia CEOE, no recibirá la adhesión de nuestros empresarios, ni siquiera la de los escasos dirigentes no profesionales que nos van quedando, tan seguros como de que, como es costumbre, no se producirá el necesario debate sobre tan importante cuestión en la gran patronal y sus ramificaciones, porque no les conviene profundizar en ello y la cúpula preferirá el mal menor que, dicho sea de paso, ya está suficientemente tamizado para que si se produce la necesidad de acuerdos a posteriori, sean los políticos quienes decidan.

Lo que nos hubiera gustado es que nuestros teóricos representantes, a semejanza del discurso más inteligente de los Sindicatos, hubieran alzado ante los diputados la bandera de la transparencia ligándola a la libertad de asociación que proclama la Constitución, así como la preeminencia de las asociaciones libres sobre las instituciones públicas que la limitan y amenazan de nuevo con una posible y ampliada Ley de Cámaras de Comercio que, si Dios no lo remedia, cederá en gran medida la representación y prestación de servicios empresariales a los poderes públicos y sus terminales políticas.

Porque CEOE no lo va a remediar, a juzgar por su débil oposición y la multitud de pequeñas organizaciones libres, que deseamos la TRANSPARENCIA TOTAL, nos encontraremos pronto ante la necesidad de abandonar, porque no tendremos ni fondos públicos ni cuotas privadas que auditar ante nuestros ciudadanos.

 

 Enrique Martínez Piqueras

 Presidente de FEDESMA

 

 

 

LOS LLAMADOS AGENTES SOCIALES, LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y OTROS EMBROLLOS POLÍTICOS (II)

En la entrega anterior, he querido explicar la importancia que nuestro texto constitucional otorga a las organizaciones de los empresarios, a las que adjudica la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios, en el ejercicio de su libertad y funcionamiento democrático.

Ello conlleva indudables derechos y obligaciones que, a juicio de muchos empresarios, deben ser observados escrupulosamente y respetados porque, al hacerlas depositarias de la representación de las empresas, la Constitución decide que en la gestión de los mismos su papel es fundamental. Y no solo en aquello que ha dado en denominarse como “diálogo social” sino en toda otra cuestión de carácter económico que afecte o pueda afectar a los intereses que les son propios.

Pero así como en la transición los sindicatos libres de los trabajadores no tuvieron demasiados problemas para afirmar su acción y proyectar su futuro, las organizaciones de los empresarios se encontraron en situación distinta. Unas potentes organizaciones casi centenarias, corporaciones de derecho público, de adscripción obligatoria, cuya finalidad era y pretende seguir siendo la defensa de los intereses generales de las empresas – industria, comercio y servicios – con estructura y financiación públicas, operaban en el mismo ámbito, representaban a los mismos actores y, con reglas de juego distintas, perseguían parecidos objetivos: LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION.

Ajeno a esta situación, el Gobierno ha decidido aprobar el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios para su debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento y, como hemos dicho, ello tendrá un efecto sobre las organizaciones patronales. Dada su  importancia y la repercusión que de seguro tendrá el asunto, merece la pena recordar la historia de las Cámaras y los desencuentros habidos entre ambas instituciones desde el mismo comienzo de la democracia.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, herederas de los gremios y los consulados,  iniciaron su andadura al amparo del Real Decreto de 1886, como “asociaciones voluntarias, libres y privadas”, con un vasto catálogo de competencias y escasos medios, por lo que el Real Decreto de 21 de Junio de 1901 amplió sus atribuciones y recursos, calificándolas como establecimientos públicos, con representación del comercio y la industria. No obstante, la carencia de recursos llevó al Gobierno de la época a promulgar la Ley de Bases de 1911, reconociendo la pertenencia obligatoria de todas las empresas, en calidad de electores y la contribución a su sostenimiento por parte de las que tuvieran beneficios.

Ya en plena democracia, La Ley 3/1993, de 22 de Marzo, reforzó su papel como corporaciones de derecho público, y tras diversos avatares, por la oposición de las patronales agrupadas en CEOE y la desafección de una gran cantidad de empresarios descontentos con el sistema dual que representaban, el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de Diciembre eliminó la pertenencia y pago obligatorios para todas las empresas.

Es absurdo e inútil discutir la importancia y el papel histórico de las Cámaras, sus aportaciones a la economía, al crecimiento de las empresas y su relevancia institucional en determinados momentos de nuestra historia económica. Como lo es minusvalorar los apoyos que han venido prestando a multitud de empresas de pequeña dimensión o el valor de su marca ante los desafíos internacionales del comercio o, en otro orden de cosas, el importante patrimonio acumulado de algunas de ellas que merece ser reconocido y exaltado.

Pero también es necesario analizar lo sucedido durante el transcurso del periodo democrático y los conflictos, desencuentros y hasta enfrentamientos entra las patronales libres, diseñadas por nuestra Constitución y las Cámaras, como entes públicos. Por eso,  creo que es bueno recordar todo ello. Recordar porque, como dijo Aristóteles “ gracias a la memoria, se da en los hombres lo que se llama experiencia” y lo vivido entre ambas instituciones, con mayor o menor reconocimiento institucional, si no se le pone remedio, se puede reproducir en los próximos tiempos.

Muchos empresarios que hemos vivido aquellos momentos, recordamos la presión del Gobierno de Felipe González en favor de una nueva Ley de Cámaras plenamente constitucional, así como el posicionamiento y las duras frases de José María Cuevas sobre la nula necesidad de unas instituciones de derecho público que limitaban el fortalecimiento y el avance de las patronales libres. También las promesas de los distintos partidos, en el gobierno o en la oposición, dispuestos a  resolver la dualidad, pero incumpliéndolas al llegar al poder. En definitiva, en momentos de gran tensión, hemos experimentado las enormes diferencias de criterio de los que aparentaban ser los mismos empresarios, en función de su representatividad, del lado en que se encontraban, de si eran patronales o, por el contrario, camerales.

Y, cómo no, recordamos la decisión de muchas patronales de asumir el mando de las Cámaras a través de las elecciones,  eliminando el peligro y potenciando así nuestras organizaciones a través de su gestión directa. Desde aquella llamada “guerra de las Cámaras” algunos, muy pocos, consiguieron la presidencia de ambas instituciones, dada la división existente que ha llegado hasta hoy. Como ejemplo, en Madrid, desde entonces, los Presidentes de CEIM han ostentado también la presidencia de la Cámara de Madrid.

Pese a todo, las elecciones, en plena batalla por el control de las Cámaras, no llegaron a interesar al cuerpo electoral – el total de los empresarios censados – con una participación cercana al 3 por ciento en el mejor de los casos, lo que demuestra el escaso valor que han tenido y tienen para el empresario medio.  

Por eso nos sorprende sobremanera la decisión del Gobierno de abordar una nueva Ley que potencia sus funciones y prima a las empresas de mayor dimensión en los órganos de Gobierno, al tiempo que obliga a mantener a todas ellas en el censo, eso sí, sin la exigencia  de pago alguno obligatorio, solo por la prestación de los servicios que voluntariamente se soliciten.

La formación, ahora dual, similar al sistema alemán, que se restringe a las patronales, se adjudicará a las Cámaras, al tiempo que se facilitarán los acuerdos de prestación de servicios con las distintas administraciones públicas, en función de su carácter de corporaciones públicas, lo que significa que se limitará la acción de las organizaciones libres de los empresarios, en beneficio de una mayor intervención política en la economía a través de un nuevo ente público corregido y aumentado.

Es una mala noticia para las asociaciones empresariales que verán restringida su acción y limitado su futuro. Los empresarios deberán decidir donde se posicionan y quién le presta los servicios. Seguirá la confusión y la frustración de tantos dirigentes empresariales que ven, una vez más, que la libertad no es la prioridad de nuestros políticos.

Al menos nos queda un consuelo: la posibilidad de transformar nuestras organizaciones en Cámaras y pasarnos todos al sector público, en el que no hay, al parecer, problemas de financiación ni de legitimidad.

 

 Enrique Martínez Piqueras

  Presidente de FEDESMA, Vicepresidente de CEIM

 Miembro del Pleno de La Cámara de Madrid y de la Asamblea de CEOE

 

 

 

 

 

OTRA CEIM ES POSIBLE. . . Y NECESARIA

Esta noche el presidente Aznar en su entrevista de Antena 3 ha dicho lo que muchos españoles, y sobre todo votantes del PP, llevaban diciendo por activa, por pasiva y por perifrástica: así no, este no es el camino, no se le ha dado una mayoría absoluta a Mariano Rajoy para hacer la política que hace. Que lo sabíamos millones de personas, no es ningún secreto. Que nos desgañitábamos gritándolo a los cuatro vientos sin ningún efecto, es obvio.

El presidente Aznar ha hecho lo que se espera de todo líder, que es dar un paso al frente y expresar sin ningún tipo de miedo, pero aceptando las consecuencias, el sentir de una gran parte de la sociedad Española. No se ha puesto de perfil y con el gesto de hoy acaba de descolocar a todo un partido acomodado y adormecido por la falta de democracia interna.

Y su acto tiene la importancia que tiene por esto último: dentro del Partido Popular no existen los mecanismos necesarios para que el sentir de la militancia llegue a la cúpula del poder. La desconexión entre la base y la cabeza es total, y la sensación de desánimo ante la sensación de que los políticos quieren a sus afiliados para que los aplaudan, no para que participen en la política, es fácilmente descriptible.

Esta es la misma sensación que tenemos muchos empresarios y asociaciones empresariales a los cuales se nos niega la posibilidad de pertenecer a CEIM, de defender activamente a nuestros empresarios en los foros donde se gestionan sus intereses. Que la desconexión de CEIM respecto de la realidad, que su capacidad de influencia en la sociedad y en las administraciones ha menguado a la vez que crecía su capacidad de acomodarse al poder político, y que se comporta casi como un club privado encerrado en sí mismo . . . no lo dudan ni los propios miembros de CEIM. Cual Partido Popular Rajoyesco, los miembros de la actual CEIM ,siguen en su inercia, criticando en la sombra y asintiendo en público, haciendo esa política de barra de bar tan cara a los españoles. Y luego envainándosela con discreta elegancia a la hora de dar un paso al frente.

Quizás nos faltan en la patronal figuras de peso pero con perspectiva que hagan lo que Aznar esta noche: asumir como propio el sentir de las bases y aceptar que tienen con su patronal un compromiso. ¿Dónde están esas figuras de la historia de CEIM, de nuestra historia, para que den un paso al frente y cambien el rumbo de nuestra asociación? ¿Dónde están esos empresarios que ya lo tienen todo ganado y que tienen tanto que aportar a su sociedad? ¿Tenemos que quemar a toda una generación de jóvenes líderes empresariales porque los que realmente tienen que dar el paso tienen miedo? ¿Nadie es consciente que con este rumbo CEIM no es una patronal, sino una secretaría de estado?

Una secretaría de Estado . . . uhmmm, para dirigir eso no hace falta un presidente, ni un empresario... basta con un funcionario. Y nos evitamos numeritos como el de alguna vicepresidencia. . . nada que todo el mundo no sepa. Pero hay miedo a perder, justo lo que no tenemos ya muchos empresarios: lo hemos perdido todo, sólo nos quedan nuestros principios y una mala leche del copón.

Manuel Beas Pérez de Tudela
Presidente de ATIEC

LOS LLAMADOS AGENTES SOCIALES, LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y OTROS EMBROLLOS POLITICOS (I)

Constitución española de 1978 : TITULO PRELIMINAR : Artículo 7
“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento, deberán ser democráticos”.

Con este respaldo, entre el artículo 6 dedicado a los partidos políticos con una redacción similar y el artículo 8 dedicado a las fuerzas armadas, la Constitución española marcó el camino a los nuevos sindicatos y a las organizaciones libres de los empresarios, dotándolos de identidad constitucional propia, al estilo de los grandes Textos constitucionales europeos.
Desmantelado el tinglado de los sindicatos verticales del franquismo, alojamiento obligado de unos y otros, superada ampliamente la formulación del régimen de libertades de la Constitución Republicana, los sindicatos no tuvieron demasiados problemas para legitimarse y comenzar su acción, aún cuando muchas empresas no estaban preparadas ante un cambio tan radical como el que intentaron imponer y las crisis empresariales y los problemas derivados del nuevo modelo fueron sus primeras consecuencias.
Los políticos de entonces, alarmados por una situación de conflictividad creciente, trataron de encauzar las situaciones de riesgo por la vía más sencilla: apoyo a los derechos de los trabajadores plasmados en leyes tan obsoletas como el propio franquismo del que procedían y pasividad, cuando no apoyo expreso a los nuevos sindicatos, ante la conflictividad creciente, la desaparición de empresas, el desánimo empresarial y la falta de un tejido asociativo de los empresarios capaz de afrontar los enormes retos que se planteaban a diario.
Por suerte para todos, empresarios importantes, algunos desgraciadamente desaparecidos, otros en el olvido o alejados de los postulados actuales, hicieron frente a la situación y constituyeron las primeras organizaciones libres, liderándolas con honradez y coraje, promoviendo un asociacionismo sano, transparente, representativo de la multitud de pequeños, medianos y grandes empresarios desorientados. Entre grandes y menores actos de reivindicación, nació la gran patronal CEOE que fue capaz de ayudar a cambiar la situación, moderar a los sindicatos y convencer a los políticos, siempre escépticos, de la importancia de su función en beneficio del interés general.
Muchos años después, todo ha cambiado. En poco tiempo, por culpa de unos y otros, sindicatos y patronales han ido perdiendo peso y presencia, aunque no legitimidad. Los desaparecidos liderazgos limpios e independientes, tan necesarios para hacer fiable el sistema, han dado paso a los gestores de intereses múltiples y, a veces, inconfesables, provocando la desafección generalizada de trabajadores y empresarios que reniegan de un sistema concebido para defenderles pero que, en los momentos actuales, los más duros de la democracia, han quedado en la denominación tan simple como inútil de AGENTES SOCIALES, dedicados por entero a la foto con los políticos en actos sin más contenido que el de apoyar la confusa idea de estos sobre las necesarias estabilidad y gobernabilidad, muy por delante de los intereses comunes.
Es el precio pagado por el “pecado original” de haber sido depositarios de la voluntad popular en la ambiciosa formulación de la Constitución española. En palabras del escritor Muñoz Molina, en su reciente libro “Todo lo que era sólido”, el tinglado de todo lo que parecía firme y próspero ahora se hunde ante nuestros ojos: para que todo eso fuera posible hizo falta que se juntaran la quiebra de la legalidad, la ambición del poder político y la codicia, pero también la suspensión del espíritu crítico.
Lo que nos queda ahora son patronales más entregadas al poder político que a los intereses de empresarios y trabajadores, no necesariamente coincidentes, compuestas en su gran mayoría por dirigentes poco propensos a admitir la crítica, el debate abierto ni a potenciar los liderazgos y el asociacionismo generalizado, que han sido los ejes motores de unas organizaciones antes libres y ahora cautivas de sus propias incapacidades para cumplir el papel que les asigna la Constitución de defensa y promoción de todos aquellos intereses que nos son propios, sin más condición que el respeto a la propia Constitución y a la ley.
Nos quedan patronales que incumplen clamorosamente sus propios Estatutos y la obligación de su funcionamiento democrático, sin una sola queja de sus órganos de gobierno. O que mezclan confusamente los distintos órganos directivos y de gobierno, para preservar intereses personales, políticos o ambas cosas. O que, ante la fragmentación de patronales, todas ellas legítimas, esconden su evidente incapacidad bien limitando la participación de alguna que otra o bien solicitando vergonzantemente puestos clave que preserven su representatividad, en aquellas constituidas por los poderosos que, hartos de tanta inanidad, deciden crear nuevos foros para la mejor defensa de sus intereses.
Es la política en estado puro trasladada al ámbito empresarial. El fracaso de un sistema bendecido por casi todos y arrinconado por unos pocos. Y ahora, para colmo, se nos echa encima, con toda su crudeza, el asunto de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (antes Navegación) que, por su relevancia, dejaré para el próximo capítulo, no sin antes decir que, en opinión de muchos de nosotros, puede significar la muerte definitiva de tantas patronales que se encuentran en tratamiento asistido pero, sobre todo, un nuevo ataque a esa Constitución que algunos políticos parecen querer incumplir, con un desprecio manifiesto y muchas veces público y desafiante.

Enrique Martínez Piqueras
Presidente de FEDESMA, Vicepresidente de CEIM
Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de la Asamblea de CEOE

Nueva Ley de Cámaras; Réquiem por las patronales libres

El último Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que lleva anunciándose largos meses y que se ha venido tramitando con un absoluto secretismo pero sin la intervención de los empresarios, ni tan siquiera de los pertenecientes a los Plenos de las 88 Cámaras de Comercio que componen el propio Consejo de Cámaras, que hemos desconocido su contenido en todo momento.

De acuerdo con su articulado, este organismo, reconocidamente inútil, pasará a ser la Cámara de Comercio de España, con la finalidad de contribuir al loable esfuerzo conjunto en la internacionalización de la empresa española. Pretende la acción de todas las de carácter oficial, con el apoyo de las Cámaras de Comercio de España en el exterior, de carácter privado, reforzando así la marca ESPAÑA y el prestigio de nuestros productos en el exterior.

Loable objetivo, sin duda, que deseamos se alcance, pese a que el sistema escogido es el peor de los posibles. Al menos es lo que parece, a juzgar por los escasos datos que    se nos han avanzado y que parece mezclar conceptos tan dispares como la continuación de la  pertenencia obligada de todas las empresas, sin necesidad de pago obligatorio alguno, junto con mayores derechos para aquellas empresas que aporten cuotas voluntariamente, aún cuando la vicepresidenta del Gobierno aseguró que la misión fundamental es vigilar por los derechos de las pequeñas y medianas empresas.

Difícil misión cuando, en opinión de muchos de nosotros, lo que se intenta es potenciarlas, ampliando su campo, abriendo la puerta a que las grandes empresas controlen, de manera efectiva y con apoyo de las Comunidades autónomas, todos y cada uno de los órganos de gobierno y ejecutivos de unos entes que continúan siendo corporaciones de derecho público, ampliamente tuteladas por los responsables políticos y, en consecuencia, limitar la acción de las organizaciones empresariales teóricamente libres e independientes que habían tratado de controlar su actividad, fracasando en el intento.

Lejos están las palabras de José María Cuevas dirigidas al gobierno de Felipe González. “Las mejores Cámaras de comercio son las que no existen”, asumidas por el entonces candidato de la oposición Rodrigo Rato que aseguró que cambiaría la Ley cuando llegara al Gobierno, en apoyo a las patronales libres que establece la Constitución. Y claro que cambió la Ley, pero para situar a su hombre de confianza, Fernández Norniellas, al frente de un politizado y excluyente Consejo Superior de Cámaras, hoy definitivamente defenestrado en beneficio de la marca ESPAÑA.

Lejos están también los esfuerzos de tantos buenos empresarios comprometidos con las patronales auténticas que, una vez más, comprueban como su trabajo y sus convicciones son sepultados por los intereses de los políticos que desconfían de la sociedad y tratan de identificar los intereses generales con sus propios intereses, para evitar las posibles y molestas interferencias que la libertad y la democracia puedan ejercer sobre su caótica y ocultista gestión.

A falta de su debate en el Congreso de los Diputados, mucho nos tememos que el resto de las fuerzas políticas permitan finalizar el trabajo, ya bien avanzado, de debilitamiento y control político de las organizaciones libres de los empresarios, con la puesta en marcha de un nuevo y potente ente público, como siempre repleto de personajes travestidos de emprendedores, yernócratas y otras especies extraídas de la política , cada vez más conocidas entre nosotros.

Y a los empresarios que hemos creído, ingenuamente, en unas patronales libres como la Constitución determina, no nos quedará más que entonar un sentido réquiem por su desaparición efectiva y la nostalgia de los pocos tiempos buenos que tuvimos, convencidos de que nuestro trabajo hubiera podido servir para algo.